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Boletín de noticias 4 de mayo de 2012
EL TIEMPO
ACTAS CON ESPACIOS EN BLANCO, NUEVO ESCÁNDALO EN LA JUDICATURA
Así se habrían realizado nombramientos sin que fueran aprobados por la Sala Disciplinaria.
Con la revelación de la denuncia sobre un presunto fraude en nombramientos de la Sala Disciplinaria, la suerte del Consejo Superior de la Judicatura en el proyecto de reforma de la justicia quedó ayer en vilo.
El propio fiscal general, Eduardo Montealegre Lynett, reveló algunos detalles del nuevo escándalo, en la cumbre de poderes que se realizó en el palacio. Al encuentro asistieron congresistas y los presidentes de la Corte Suprema y el Consejo de Estado por invitación expresa del presidente Juan Manuel Santos, con el objeto de discutir el avance del proyecto de reforma.
"En unas actas se afirma que fueron nombrados unos magistrados del Consejo Seccional cuando, en realidad, y eso es lo que estamos investigando, esos nombramientos no fueron acordados en sala", explicó Montealegre.
Los hechos fueron denunciados en la Fiscalía el pasado viernes por un alto dignatario de la Judicatura y ya hubo una inspección judicial en la secretaría de la Sala Disciplinaria.
"Se están investigando inicialmente seis nombramientos, pero queremos saber si son hechos aislados o si hay otros casos, y si esto es parte de un fenómeno generalizado", informó Montealegre al salir de Palacio.
La Fiscalía obtuvo las actas finales de las reuniones de la Sala en las que se evidencia la presunta trampa.
En esos documentos aparecen las vacantes por renuncias de funcionarios (entre ellos también magistrados) seccionales seguidos de espacios en blanco que, al parecer, fueron llenados luego con los nombres de sus remplazos. El denunciante dice que esas designaciones no se discutieron en la Sala.
"Cada uno de los magistrados tenía derecho a proponer un nombre, el cual se discutía entre todos. Pero, de un tiempo para acá, dejaron de tratarse esos asuntos en la Sala", agregó el denunciante, que también aseguró que la aprobación de las actas comenzó a sufrir retrasos.
La Fiscalía ya tiene evidencias de irregularidades en el nombramiento de al menos seis funcionarios que se posesionaron de esa forma. Ninguno de ellos se encuentra en su cargo actualmente.
Los investigadores analizan nombramientos efectuados desde el 2007 hasta el año pasado. En la revisión de estos casos ha llamado la atención de la Fiscalía que los funcionarios designados, al parecer irregularmente, no permanecían en el cargo más de seis meses.
El expediente -con más de 600 folios- será remitido la próxima semana a la Comisión de Acusación de la Cámara para que efectúe las investigaciones contra algunos magistrados que también estarían implicados.
Según el proceso, la mayoría de esas designaciones ocurrieron siendo presidentes de sala los magistrados Ovidio Claros, Angelino Lizcano, Henry Villarraga y Julia Emma Garzón. Ellos firman la mayoría de los nombramientos. Tres de ellos -Villarraga, Garzón y Claros- son investigados por la Contraloría en el escándalo por el 'carrusel de pensiones'. Contra ellos se abrió un juicio fiscal por haber nombrado en sus despachos a magistrados auxiliares que, después de trabajar entre 2 y 4 meses, terminaron jubilándose con mesadas de más de 12 millones de pesos.
Ante la denuncia, el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Angelino Lizcano, dijo que el pasado 25 de abril ordenó abrir una investigación disciplinaria contra Yira Lucía Olarte Villa, la secretaria de la Sala Disciplinaria.
"Es importante aclarar que estas actuaciones corresponden a hechos administrativos completamente ajenos a las funciones de los magistrados de la Sala y de total responsabilidad de la Secretaría General", indicó Lizcano en un comunicado. Por ahora, un fiscal estudia si pide audiencia de imputación de cargos contra la secretaria Yira Lucía Olarte Ávila.
Denuncia permitió superar rechazo a desaparición de tribunal
La grave denuncia presentada ayer por el fiscal general, Eduardo Montealegre, en presencia del presidente Juan Manuel Santos y altos dignatarios de las cortes, cayó como "un baldado de agua fría entre los asistentes".
Tras escuchar las acusaciones, que en fuentes del Gobierno se llegaron a considerar como de la más pura "delincuencia", los magistrados del Consejo de Estado y de las cortes y el mismo Fiscal General, que no eran partidarios de la eliminación de la Judicatura, se hicieron a un lado.
En todo caso, la reunión de los tres poderes públicos dio un nuevo aire a la aprobación de la reforma de la justicia. Tras superar el impasse de la Judicatura, el Congreso, el Ejecutivo y las cortes estuvieron de acuerdo en modificar el procedimiento para juzgar a los altos funcionarios del Estado (los aforados) y en mejorar los recursos presupuestales para la rama.
Y anoche, en el Ministerio de Justicia, se abrió paso un final feliz para la reforma de la justicia, proyecto que se viene discutiendo desde comienzos del actual gobierno.
El Consejo Superior de la Judicatura, creado por la Constitución de 1991 para administrar la Rama Judicial, se ha convertido en fuente de sucesivos escándalos de corrupción y objeto de varios intentos para acabarlo. De hecho, en su primera campaña presidencial (2002), Álvaro Uribe hizo de ese objetivo una de sus principales promesas, pero no lo consiguió.
Otros cambios que salvaron la reforma de la justicia
Cumbre de los tres poderes públicos realizada ayer consiguió que las altas cortes volvieran al debate.
1. C. de Acusación
Eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara. Se acordó suprimir las funciones judiciales del Congreso. Una ley determinará el nuevo juez que conocerá las investigaciones contra los altos dignatarios del Estado.
2. Juicio político
Los altos dignatarios del Estado tendrán juicios de responsabilidad política antes de que sus procesos disciplinarios y penales sean conocidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por sus actos del servicio.
3. C. Administración
Se creará el Consejo Nacional de Administración autónomo, organismo encargado de diseñar las políticas generales para la administración de la rama. Esta nueva institución reemplazaría a la Sala Administrativa del moribundo Consejo de la Judicatura.
4. C. Disciplinario
Esta instancia será la responsable de disciplinar a los jueces, magistrados de tribunal, fiscales, empleados de la justicia y abogados. Reemplazará a la Sala Disciplinaria del actual Consejo Superior de la Judicatura. Tiene origen en las altas cortes.
5. Doble instancia
Se creará la doble instancia en los procesos penales que la Corte Suprema de Justicia emprenda contra los congresistas. Esta es una de las aspiraciones de aquellos. Se separará la investigación del juzgamiento, pero ambos quedarán en la Corte.
6. C. de Abogados
Se recomienda crear una colegiatura para que los abogados se autodisciplinen. En la actualidad, el Ministerio de Justicia avanza en la preparación de un proyecto de ley en este sentido. Es reclamo del Gobierno que los abogados sean más responsables.
LÍDERES LGBT RECHAZAN 'DILACIÓN' EN FALLO SOBRE LA ADOPCIÓN HOMOSEXUAL
Mientras Corte toma decisión al respecto, en redes sociales se sigue viviendo un acalorado debate.
La tutela sobre la adopción homosexual de la que muchos esperaban tener este jueves un fallo, se ha convertido en una decisión histórica para la comunidad LGBT, que sigue luchando por igualar sus derechos legales y sociales.
Este polémico debate comenzó por un recurso jurídico puesto por Turandot y Fedora, dos colombianas casadas bajo leyes alemanas que interpusieron una tutela contra el Defensor Segundo de Familia de Rionegro (Antioquia) por negarles la posibilidad de adoptar
Precisamente el jueves, desde las 9:15 de la mañana, el alto tribunal se había puesto la cita para dar una decisión al respecto. Sin embargo, la Corte aplazó una vez más el fallo, por lo que activistas y líderes defensores de los derechos LGBT, quienes habían planeado un plantón frente al Palacio de Justicia para exigir una sentencia del tema, se quedaron de nuevo con la incertidumbre.
Organizaciones como Colombia diversa cuestionaron que haya dilaciones en el proceso. "Una vez más, los derechos de las familias son aplazados por la @cconstitucional", dijo @ColombiaDiversa en su cuenta de Twitter.
A la voz de rechazo se unió @ktalymn: "¿Es constitucional dilatar decisiones que favorecen igualdad y reconocimiento como sujetos de derechos? No", dijo la feminista a través de las redes sociales.
Por su parte, el abogado y activista gay @malbarracin afirmó que esta es otra "excusa" de la Corte para dilatar el fallo. "Seguimos esperando que la Corte @cconstitucional adopte una decisión en caso de mamás lesbianas. Hoy nos dejaron plantados de nuevo", manifestó.
La analista y periodista Claudia López también expuso su malestar por lo que señaló a través de su cuenta @CLOPEZanalista que "ninguna batalla humana ha sido más larga y difícil que la de la igualdad legal. Ninguna otra merece perseverar".
También agregó que la importancia de este fallo radica en una lucha histórica contra la discriminación. "Exigimos igualdad ante la Ley. Poner fin a larga discriminación. Reconocer que no somos anormales, ni inferiores, ni indeseables", dijo.
Debate se traslada de la Corte a las Redes Sociales
En estos días en los que la Corte Constitucional debe emitir un fallo sobre la adopción homosexual, toda clase de argumentos a favor y en contra han circulado a través de las redes sociales.
Precisamente, la salud de los menores con padres homosexuales fue tema de debate dentro de los seguidores de la página en Facebook de EL TIEMPO.
En medio un sondeo, en el que se les preguntó a los usuarios si los niños que crecen con padres homosexuales podrían sufrir alguna afectación sicológica, el 65.08% manifestó que no, mientras que el 32.54% respondió afirmativamente. Tan solo un 2.36% contestó que no sabe o no responde.)
Las respuestas de los usuarios se dan luego de que cuatro universidades generaran un informe en el que coinciden en que los niños criados por padres homosexuales no se afectan en su desarrollo psicológico ni personal
El informe promovió la controversia en las comunidades virtuales, por lo que se crearon palabras clave en Twitter para hablar del tema como #AdopciónGay #AdopciónHomosexual #MamásLesbianasdeMedellín
Otra posición que ha dado de qué hablar por estos días en las redes es la de Monseñor Juan Vicente Córdoba, quien afirmó que de aceptar la tutela la Corte se estaría extralimitando en sus funciones por "apropiarse de la competencia de modificar la Constitución con una ideología contraria al orden natural
Ante las afirmaciones del obispo de Fontibón, ciudadanos como @savacro se manifestaron de acuerdo con el religioso al plantear que la sociedad podría perderse al "aprobar cosas que Dios condena en sus escrituras" y agregó "¿qué clase de Dios tienen? uno acorde a sus ideales, no el bíblico".
Sin embargo, uno de los primeros en rechazar la posición del sacerdote fue @wilmarmejia: "Dice monseñor Juan V. Córdoba que a niños en adopción hay que darles padre-madre, como si la disfuncionalidad familiar fuese condición homosexual".
Incluso, usuarios como @DonPuerco fueron más allá y cuestionaron la lupa desde la que la Iglesia Católica mira el tema de la adopción homosexual. "La adopción de niños entre parejas gay es anormal pero resucitar al tercer día es tan normal como comerse un paquete de Cheetos. Todo bien", dijo a través de Twitter.
Un tema que divide
Los aspectos democráticos, religiosos, políticos, morales y la salud sicológica son algunos de los temas que predominan a la hora de apoyar o rechazar la adopción por parte de parejas homosexuales. Aquí exponemos algunas posiciones:
A favor
@Dalejogamboa: Lean, infórmense y respétennos. Existen las familias homoparentales y necesitan derechos que las protejan. http://bit.ly/IIOqQs
@Ariadna1981: Tranquilos, aceptar la adopción en parejas gay no te hace más gay, te hace humano.
@nickmontanaro1: Que la Corte tome una decisión a favor del amor y la protección de los niños sin importar el sexo de sus adoptantes.
En contra
@VayiraV: Aunque se tengan las condiciones idóneas para la adopción, es un detrimento para un niño crecer en un ambiente homosexual.
@MoraloB: Si con argumentos tan miserables como los que presentan los psicólogos la Corte aprueba la adopción homosexual, vamos al abismo social.
@CamiloCorteFco: ¿Y debería estar de acuerdo con la adopción de parejas gay? No juzgo, pero creo que si alterará sobremanera la personalidad del infante.
CORTE CONSTITUCIONAL AVALA REFORMA A LAS REGALÍAS
El alto tribunal consideró que reforma a la distribución de recursos se ajusta a la Carta Política.
En una dividida decisión, la Corte Constitucional consideró ajustada a la Carta Política la reforma que aprobó el Congreso y que modifica la distribución de las regalías en el país.
La norma, Acto Legislativo 5 del 2011 (que reforma los artículos 360 y 361 de la Constitución), pasó su examen en el tribunal constitucional con cinco votos a favor y cuatro en contra.
Según la Corte, la consulta a las comunidades indígenas no era un requisito necesario para aprobar la reforma constitucional.
"La disposición no afecta de manera específica, particular y directa a las comunidades indígenas o afrodescendientes, sólo contiene medidas generales", señaló uno de los magistrados que participaron en el debate.
Los magistrados desecharon como error que el Gobierno presentara la reforma al Congreso con la firma de dos ministros, el de Hacienda y el Minas y Energía.
Según el fallo, la firma del Presidente de la República no resultaba necesaria. A juicio de la Corte, los ministros también son considerados voceros legítimos del Ejecutivo.
Frente a los cargos de que la nueva manera de distribución y manejo de las regalías sustituía la Constitución, la Corte se declaró inhibidadebido a que en este punto de la demanda no fue suficientemente sustentado.
El acto legislativo crea los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Desarrollo Regional; de Compensación Regional, y de Ahorro y Estabilización para cumplir con la distribución de los recursos de la regalías.
La Procuraduría, que pidió a la Corte Constitucional la aprobación de la reforma, señala en un concepto que no en todos los casos debe hacerse la consulta previa sobre una iniciativa legislativa que sea susceptible de afectar las comunidades étnicas.
CORTES Y GOBIERNO ACUERDAN ELIMINAR JUDICATURA Y COMISIÓN DE ACUSACIÓN
Se reunieron durante cinco horas y emitieron un comunicado. Se destraba la reforma judicial.
La decisión se tomó luego de una reunión de cinco horas entre el presidente Juan Manuel Santos, presidentes de las altas cortes en la Casa de Nariño y congresistas para destrabar el trámite de la reforma de la justicia en el Congreso, que enfrenta duras amenazas en la antesala de su sexto debate.
Al encuentro no fueron invitados representantes del Consejo Superior de la Judicatura.
La decisión se conoce luego de que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, denunció que en la Judicatura habrían falsificado actas para posesión de magistrados.
En un comunicado de 10 puntos, se acordó la eliminación de la Sala Disciplinaria y Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, lo que significa el fin de ese alto tribunal. De igual forma, se eliminó la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara.
También, se propuso la creación del Consejo Nacional de Administración Judicial, encargado de diseñar políticas generales de la administración de justicia y administrar autónomamente la rama.
Para reemplazar a la Sala Disciplinaria, se propuso crear un Consejo de Disciplina Judicial, con origen en las altas cortes, que se encargará de la investigación y juzgamiento en materia disciplinaria de los magistrados, jueces, empleados judiciales, fiscales, auxiliares de la justicia y abogados.
Por su parte, se mantiene en la Corte Suprema de Justicia tanto la investigación como el juzgamiento de los miembros del Congreso, a quienes se les garantizará la segunda instancia y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento.
Además, dice el comunicado, se buscará mecanismos para que permitan la descongestión judicial y un adecuado acceso del ciudadano a la justicia.
En la reunión, en la que también tuvo asiento el fiscal General, Eduardo Montealegre, se definió que también se llevará al debate en el Congreso que altos dignatarios del Estado deban pasar primero por juicios de responsabilidad polìtica antes de que se inicien investigaciones penales y disciplinarias en su contra.
Con esta decisión, las altas Cortes vuelven al debate de la reforma judicial después de criticarla duramente al decir que el proyecto que se discute en el Congreso ataca la independencia de la Rama Judicial.
INVESTIGAN SI JUDICATURA FALSIFICÓ ACTAS PARA POSESIÓN DE MAGISTRADOS
Las supuestas ilegalidades "rayan en lo penal", dice Minjusticia. Tribunal defiende a magistrados.
Durante la cumbre de poderes que se realizó en la mañana de este jueves en la Casa de Nariño con el objetivo de discutir el avance del proyecto de reforma de la Justicia, el fiscal Eduardo Montealegre les dio a conocer al presidente Juan Manuel Santos y a un grupo de ministros, congresistas y magistrados, una serie de graves denuncias sobre una presunta falsificación de actas en el Consejo Superior de la Judicatura.
"Al parecer ha habido falsificaciones en unas actas, en unas resoluciones que se dictaron, en donde habiéndose resuelto que se nombraba a las personas A y B, o bien en las actas quedaba algo distinto a lo que se decidió, o bien quedó en las actas lo que se resolvió, pero a la hora de trasladarlo a unas resoluciones, allí aparecieron finalmente designados A, B, C, D y E", dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Estas conductas irregulares habrían tenido lugar en la Sala Disciplinaria de ese alto tribunal.
Tras calificar las denuncias como "sumamente preocupantes y graves", Esguerra aseguró que el "caso deberá trasladarse hoy a la Comisión de Acusación" de la Cámara de Representantes, la instancia que se encarga de investigar las conductas de los aforados.
Según el Ministro de Justicia, estas denuncias podrían "fortalecer" la argumentación de los sectores que han pedido que la Judicatura sea eliminada del ordenamiento institucional colombiano, a través de la reforma de la Justicia.
"Se nombraban dos personas en una Sala y resultaba que en el acta se incorporaban verdades adicionales que por supuesto no eran verdad, como el nombramiento que había hecho la Sala de dos personas cuando se referían a cuatro", señaló el ministro Esguerra a la salida de la cumbre de poderes en la Casa de Nariño, a la cual no fue invitado el Consejo Superior de la Judicatura.
El fiscal general Eduardo Montealegre dijo que hay algunas actas de nombramiento de magistrados que en realidad no fueron aprobadas en las salas.
Igualmente, señaló que se indaga si esos son hechos aislados o si hay otros nombramientos similares.
Según el expediente de la investigación que la Contraloría viene adelantando por el llamado 'carrusel' de pensiones', magistrados titulares nombraban a auxiliares por cortos periodos de tiempo para aumentar sustancialmente el valor de la pensión de cada uno.
De 21 magistrados a los que la Contraloría abrió juicio fiscal por el detrimento de más de 13 mil millones de pesos, el ente de control ha escuchado el testimonio de seis, y tiene citados para los próximos días a los demás.
'Es responsabilidad de la Secretaría General': Lizcano
El presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, magistrado Angelino Lizcano, afirmó que las investigaciones que hace referencia el Fiscal General fueron conocidas por ese tribunal el pasado 25 de abril.
"Se ordenó adelantar la actuación disciplinaria contra los empleados que habrían incurrido presuntamente en inconsistencias de trámites administrativos de la Secretaría Judicial", afirmó Lizcano a través de un comunicado.
De igual manera, el magistrado admitió que dentro de la información que fue allegada a la Sala se encontraron "inconsistencias producto de la omisión secretarial en inclusión de algunos nombres cuando se elaboraron y redactaron las actas de nombramientos de funcionarios seccionales".
Y agregó que "estas actuaciones corresponden a hechos administrativos completamente ajenos a las funciones de los magistrados de la Sala y de total responsabilidad de la Secretaría General".
'MONSEÑOR CÓRDOBA QUIERE IMPONER SU MORALIDAD'
Por: Élber Gutiérrez Roa
En momentos en que la Corte se apresta a decidir si las parejas homosexuales pueden adoptar hijos o no, Ana y Verónica, quienes llevaron el tema al alto tribunal, le cuentan su historia a El Espectador.
El caso de Ana y Verónica debió ser resuelto en abril, pero la Corte le dio largas para la próxima semana.
Un apartamento con tamaño de casa en el sector de El Poblado, en Medellín, es el refugio de la familia. Eloísa (la gata) y un pez que no fue bautizado porque sólo iba a vivir dos meses, les acompañan desde hace tres años, cuando decidieron salir de su finca en Guarne. Familia normal, aunque no convencional: la mamá con su esposa y dos hijos.
Esa es la vida de Ana y Verónica, las lesbianas que sacaron del tabú el tema de las parejas homosexuales que quieren tener hijos y le plantaron la cara a la justicia en un proceso judicial que creyeron tan breve como la vida del pez de la sala y, sin embargo, lleva el mismo tiempo que aquel.
Amigas de infancia y casadas muchos años después en Alemania, se han pasado la vida de juzgado en juzgado esperando que les concedan la adopción de su hija de cuatro años. Que se la concedan a Verónica, porque Ana es la madre biológica.
De ellas se ha dicho que son extranjeras, que no son familia, que no pueden vivir con menores. Por primera vez y sólo después de cumplir el ritual de 7:30 p.m., el de acostar a sus hijos (ya son dos), accedieron a contar su historia, mientras esperan que la Corte Constitucional decida por fin sobre su petición de adopción, avalada en las dos primeras instancias.
¿Por qué se decidieron a hablar?
Ana: Porque estamos indignadas con los comentarios de monseñor Juan Vicente Córdoba. Su posición discriminatoria incita al odio hacia los homosexuales a partir de prejuicios. Piensa que para formar una familia la identidad sexual es lo importante y que los homosexuales son personas antinaturales, degeneradas, que corrompen a los niños.
Pero lo que él ha dicho parece distinto a la postura tradicional de la Iglesia católica.
Ana: La Iglesia y él. Él no reconoce que detrás de la identidad sexual hay personas con educación, valores y ética. Como si eso lo definiera totalmente la orientación sexual. Por la sexualidad juzga lo demás.
Ustedes se conocieron en primaria. ¿Cuándo sintieron atracción una por la otra?
Ana: En 2004, en un viaje a Portugal y España. Éramos amigas, pero no nos veíamos, y Vero estaba en Europa, mientras yo en EE.UU. Un día decidimos vernos, pero a ella le daba pereza EE.UU., así que fuimos a Europa. Ahí nos encarretamos.
¿Y por qué llegaron a Alemania?
Verónica: Yo hacía mi doctorado en geoinformática en Holanda y Ana vivía en EE.UU. Nos enamoramos y Ana buscó traslado en su empresa para Alemania. Yo vivía entre Holanda y Alemania para verla.
¿Por qué casarse en Alemania?
Ana: Me gusta hacer las cosas por lo legal. Que todo quede claro y en papel. Me preocupaba que Verónica permaneciera en Alemania cuando sólo tenía residencia holandesa. Buscamos el permiso de residencia alemán, pero nos dijeron que no nos lo darían y alguien sugirió que nuestra situación sería más fácil si nos casábamos.
¿Sus familias las apoyaban?
Ana: Al matrimonio fueron mis papás, la mamá de Vero y amigos de Europa. Hicimos cena de lunes por la noche en un restaurante.
Y luego decidieron ser madres.
Verónica: Decidimos inseminarnos. Hicimos documentos en notaría, donde constaba que me haría cargo de los gastos del bebé, que haría el rol de ‘papá’. Estando en embarazo tuve que volver a Colombia, a finales de 2007, y la niña nació a principios de 2008.
¿Cómo fue su experiencia con el matrimonio y la inseminación? ¿Qué tanto trámite hicieron?
Ana: Nos casamos un 28 de noviembre, en Núremberg. ¡En Bavaria!, uno de los estados más conservadores de Alemania. Nos casamos sin problema y eso que éramos extranjeras. Costó 1.200 euros, porque cualquier trámite notarial allá vale un ojo de la cara. Hasta descuento en la tarjeta del tren nos daban, por ser pareja.
¿Qué las animó a regresar a Colombia, sabiendo que no tenían las mismas garantías?
Verónica: Yo tenía el compromiso con la universidad de volver cuando terminara el doctorado. Además, somos colombianas y tenemos derecho a vivir aquí, a que nos reconozcan como personas. Uno no tiene que huir de su país para que lo reconozcan.
¿Y cuándo declararon la unión marital de hecho en Colombia?
Ana: En marzo de 2008, por trabas en la notaría, pese a que desde 2007 la Corte Constitucional había sacado la sentencia sobre el tema.
¿El primer problema en el país?
Verónica: Uf, uno más. Cuando acompañaba a Ana a una cita médica y decía que era su esposa, comenzaban las miradas pendejas. Pero al final me dejaban entrar.
Aparte de los comentarios, ¿de qué manera sienten que se les vulneran sus derechos como pareja en Colombia?
Verónica: Ana cotiza en la misma seguridad social que yo para cubrir a los niños, porque yo no puedo por bobadas legales. Que monseñor me diga homosexual, no me importa. Lo que me indigna es que por su culpa discriminan a los niños, les quitan derechos.
¿Cuáles son esos derechos que les están negando a sus hijos?
Verónica: Yo me muero y mis hijos no heredan. Ana se queda sin trabajo y yo no puedo cuidar a los niños con mi seguridad social. Por ser docente de la universidad pública más grande de este país, mis hijos tendrían derecho a estudiar allí con descuentos especiales, pero resulta que no, porque para la ley no son mis hijos. Y yo les limpio el vómito por la noche y los cuido cuando Ana viaja. ¡Eso me tiene con rabia!
Ustedes querían explicarle a la Corte por qué piden la adopción de la niña. ¿Cómo les fue?
Ana: El lunes pedí cita y me dijeron con descaro que monseñor Córdoba no fue por allá, que sólo hizo una visita informal. Si él fue oído por los magistrados, tenemos derecho a que nos oigan también.
Pero él estuvo allá el 24 de abril...
Ana: Claro. Hay fotos. Está documentado en el blog de Mauricio Albarracín. Aparece monseñor con los tres magistrados conservadores. Por eso le dije a la secretaria del presidente de la Corte que, si eso fue una cita informal, quería una.
¿Y aceptó?
Ana: Aún espero respuesta.
Su caso ha tenido resonancia en los medios. ¿A qué se debe esto?
Como la tutela original era de Rionegro, Antioquia, muchos pensaron que éramos un par de montañeras. Nadie imaginó que en este caso había personas formadas reclamando un derecho. Ni que teníamos ayuda profesional de Colombia Diversa, Dejusticia y el abogado Germán Rincón.
Ustedes inicialmente no habían pensado en la adopción...
Pensábamos vivir en EE.UU., que Ana entregara la patria potestad de la niña y cinco minutos después la adoptábamos, pero descubrimos que —además de la adopción común— existía la figura de la adopción consentida y nos pareció perfecta. Entonces acudimos al ICBF para tramitarla.
¿Cómo iban a incluir a Verónica como la otra madre de la menor?
Fuimos a la regional Rionegro porque vivíamos en Guarne (Antioquia). La trabajadora social se interesó por el caso, pero no dependía de ella. A los 15 días nos contestaron —en una carta sin radicado ni fecha—, que a pesar de que la Corte garantizaba los derechos, no concederían la adopción porque nuestra unión marital llevaba sólo 11 meses de declarada.
¿Y no se supone que una unión marital se considera declarada cuando lleva dos años?
Exacto. Además, nosotras llevábamos tres años juntas. También dijeron que no éramos familia, de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución.
¿Fue ahí cuando desistieron de tramitar su demanda en el ICBF?
Decidimos no perder tiempo con Bienestar Familiar, contactamos a Germán Rincón y Colombia Diversa y pusimos la tutela, pero no pidiendo adopción, sino defendiendo los derechos de la niña, violados al no dejarla tener apellidos, ni heredar, ni gozar de sus derechos patrimoniales.
¿Qué pasó con la tutela?
El fallo de primera instancia fue apelado por el ICBF ante el Tribunal Superior de Antioquia, que volvió a fallar a favor de nosotras y pidió a Bienestar Familiar verificar cómo estaba la niña.
¿Y qué dice el informe del ICBF?
Nada, porque no existe informe. El ICBF no conoce a la niña, pero nos niega los derechos argumentando que está preocupado por ella. Van dos años desde que recibió esa orden de verificar.
Verónica: Mientras tanto nos pasamos a vivir a Medellín y ya tenemos otro hijo. La niña tiene cuatro años y él dos. Nuestra vida funciona igual, pero si a la niña le pasa algo en el colegio, si se enferma o tiene que ir al médico, comienzan los problemas.
Ana: Nosotras no nos escondemos, vamos juntas a las citas del colegio, del médico, para que nos conozcan a las dos como las mamás. Así evitamos que algún idiota nos venga a poner problemas.
¿Y cómo fue el trámite para esa segunda inseminación?
Ana: Lo hicimos en Colombia, con donante anónimo, en un banco de semen de Medellín.
¿Y les pusieron alguna traba para acceder a la inseminación?
Ana: No. Hicimos el trámite como cualquier colombiano. Pero el Estado me está obligando a ser mamá soltera. Me está diciendo con quién debo criar mis hijos, y eso me parece una intromisión. Una discriminación como tantas otras por las cuales no he visto a la Iglesia ofrecer excusas. Muchos años discriminaron a los negros, a la mujer, no nos dejaron estudiar o ir a la universidad, hasta dijeron que el matrimonio civil acabaría con la familia colombiana. Es que tienen memoria selectiva.
Bueno, la academia del país certificó que los homosexuales pueden tener hijos.
Verónica: No sólo la de acá. Los centros académicos de EE.UU. dicen que no hay problema en que los homosexuales tengan hijos. Es más, son niños más tolerantes y respetuosos de la diferencia. Que me digan cuántos hijos son disfuncionales porque los papás son homosexuales.
Ana: Es como si alguien dijera que los conservadores no pueden adoptar porque son conservadores; o los judíos, por ser judíos. Monseñor no tiene por qué imponernos su moralidad.
‘Nos dejan tener pareja, pero no piensan que queremos hijos’
¿Cuál es la mayor discriminación que han sufrido en Colombia?
Ana: El Estado con sus leyes, la Iglesia con sus comentarios. Y foristas de internet ultrarreligiosos o ultraignorantes. Odio que me toleren. Si me toleran, no me respetan.
¿Qué se les pasa por la cabeza cuando debido a su orientación sexual les dicen que no son ‘normales’?
Ana: Somos poco convencionales, pero totalmente normales. Y si monseñor habla tanto de la familia y de ser normal, le recuerdo que ser célibe no lo es.
No es el caso, pero, ¿Verónica podría adoptar un hijo si se postulara sola?
Verónica: Cumplo todos los requisitos: tengo más de 25 años, soy mayor que la niña por más de 15, tengo trabajo estable, sin antecedentes penales... no estoy loca.
¿Y andan con documento de unión marital en el bolso?
Verónica: Mire, al niño le resultó un trauma en un testículo. Ana estaba de viaje y lo llevé al pediatra. Le aclaré que yo era la esposa de la mamá, no hubo problema y lo operaron. Pero para entrar a la Embajada de EE.UU., a tramitar la visa de los niños, no bastó con decir que somos pareja.
El problema es que no hay legislación.
Ana: Es que el Estado es miope. La Corte nos deja tener pareja, pero no considera que a lo mejor esa pareja quiera tener hijos.
‘Que yo me case con otra mujer no le hace daño a nadie’
¿Hasta qué punto cree que los comentarios de la Iglesia vayan a influir en la decisión de la Corte Constitucional frente al interés de ustedes de que se las reconozca como familia?
Verónica: Los comentarios de monseñor están indignando a la opinión pública y terminan oponiéndose a la idea de que una pareja homosexual pueda criar un par de niños que, en el caso nuestro, están completamente adaptados. Les puede preguntar a las mamás de los compañeros del colegio. Todas nos consideran otra pareja de mamás. Es más, viven muertas de la envidia porque nosotras somos más solidarias en la crianza compartida.
¿Por qué será el rechazo de algunos a la idea de que en el país dos mujeres puedan ser pareja?
Ana: No lo sé. ¿Le estamos dañando el matrimonio a otra persona por casarnos con una mujer? Hay temas que sí les dañan sus matrimonios y de esos no hablan: la pobreza, la calidad de la educación o la falta de acceso a los anticonceptivos (en parte culpa de la Iglesia). Que yo me case con otra mujer, que yo quiera a otra mujer, que decida convivir con ella, es algo que no daña a nadie.
EL ESPECTDOR
EL COMUNICADO DEL GOBIERNO CONFIRMANDO LOS CAMBIOS EN REFORMA A LA JUSTICIA
El texto emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho tras los cambios anunciados este jueves en la noche.
Comunicado:
Luego de la primera reunión de esta mañana, convocada por el Presidente de la República y a instancias suyas, en la tarde de hoy se reunieron el Gobierno Nacional, el Presidente del Consejo de Estado, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la Nación y los coordinadores ponentes del proyecto de Acto Legislativo de Reforma Constitucional a la Justicia, y acordaron las siguientes recomendaciones que los Senadores Ponentes llevarán a la Plenaria del Senado y someterán también a la consideración de la Cámara de Representantes, relacionadas con los siguientes puntos:
1. Fortalecimiento de la autonomía de la rama jurisdiccional.
2. Fortalecimiento de los mecanismos que permitan la descongestión judicial y un adecuado acceso del ciudadano a la justicia.
3. Supresión de las funciones judiciales del Congreso de la República. En consecuencia, se sugiere la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara.
4. Fortalecimiento de los mecanismos de control a los altos dignatarios del Estado, a través de los juicios de responsabilidad política ante el Congreso, como presupuesto para iniciar acciones penales y disciplinarias, frente a conductas relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
5. Supresión del Consejo Superior de la Judicatura, tanto en su sala administrativa como en su sala disciplinaria.
6. Creación del Consejo Nacional de Administración Judicial, encargado de diseñar políticas generales de la administración de justicia y administrar autónomamente la rama.
7. Creación de un Consejo de Disciplina Judicial con origen en las altas cortes, que se encargará de la investigación y juzgamiento en materia disciplinaria de los magistrados de tribunal, jueces, empleados judiciales, fiscales, auxiliares de la justicia, abogados y todo aquel que ejerza función jurisdiccional.
8. Se recomienda la futura creación de una Colegiatura Obligatoria de Abogados, con autodisciplina.
9. Se mantiene en la Corte Suprema de Justicia tanto la investigación como el juzgamiento de los miembros del Congreso, a quienes se les garantizará la segunda instancia y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento.
10. Se sugiere avanzar con el trámite del proyecto de Reforma Constitucional a la Justicia con la interlocución de los distintos actores.
CORTES Y GOBIERNO ANUNCIAN ELIMINACIÓN DE COMISIÓN DE ACUSACIÓN DE LA CÁMARA
Igualmente se anunció la supresión de las salas disciplinarias y administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Después de cinco horas de reunión, representantes del Gobierno y las cortes anunciaron serias modificaciones al proyecto a la reforma a la justicia.
Entre los principales cambios que se presentarán ante el Congreso está la eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, puesto que se le quitarán las funciones judiciales del Congreso.
Igualmente se solicitará la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, tanto su sala administrativa como la disciplinaria, con el fin de crear dos consejos que cumplan con estas funciones y los cuales actuarán de manera autónoma.
"La creación del Consejo Superior de Administración, el cual será el encargado de diseñar las políticas de administración de justicia y de administrar autónomamente la rama", precisó el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Igualmente señaló la creación de un Consejo de Disciplina Judicial con origen en las altas cortes, que se encargará del juzgamiento en materia disciplinaria de los magistrados del tribunal, jueces, empleados judiciales, fiscales, auxiliares de la justicia, abogados y todo aquel que ejerza la función jurisdiccional diferente a los aforados, como lo son los magistrados.
Así mismo se determinó mantener en la Corte Suprema de Justicia tanto la investigación como el juzgamiento de los miembros del Congreso a quienes se garantizará la segunda instancia y la separación entre las funciones de investigación y juzgamiento.
Por lo demás, se espera que los senadores ponentes sometan a consideración de las dos cámaras la necesidad de fortalecer la autonomía de la rama, así como el de los mecanismos de descongestión para facilitar el acceso a la misma, además del de los mecanismos de control sobre altos dignatarios del Estado a través de los juicios de responsabilidad política.
A la reunión asistieron los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata, el del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, así como el Fiscal General, Eduardo Montealegre.
Según fuentes judiciales, el presidente del Consejo de la Judicatura, Ricardo Monroy, así como los representantes de las salas del alto tribunal no fueron invitados a esta reunión.
FISCALÍA LE PIDIÓ A LA CORTE RATIFICAR CONDENA CONTRA EL CORONEL PLAZAS VEGA
El excomandante de la Escuela de Caballería fue sentenciado a 30 años de prisión por lo desaparecidos del Palacio de Justicia.
Si a mí me dicen que murieron guerrilleros, eso es cierto' así el coronel Plazas Vega libró su responsabilidad en la desaparición de personas en el Palacio de Justicia. En un escrito de 100 páginas, la fiscalía cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó que se mantenga la condena de 30 años de prisión interpuesta en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, por su participación en la desaparición de un grupo de personas por los hechos del Palacio de Justicia.
Según se ha podido establecer, en la solicitud se señala que se deben avalar todos los testimonios y pruebas documentales que tuvieron en cuenta el juzgado tercero especializado como la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a la hora de sentenciar al excomandante de la Escuela de Caballería.
En este sentido señaló que se debe rechazar la casación presentada por la defensa del militar y la Procuraduría General de la Nación basándose en el hecho que el testigo Edgar Villamizar Espinel no fue suplantado, hecho que le quita el peso jurídico los recursos presentados con lo que se pide la absolución del coronel Plazas Vega.
La Fiscalía le solicitó a la Corte Suprema de Justicia desestimar dichos argumentos e inadmitir el recurso de casación en contra de la sentencia que condenó al excomandante de la Escuela de Caballería por el delito de desaparición forzada agravada.
El pasado jueves, los abogados que representan los intereses de los familiares de los 11 desaparecidos radicaron ante el Tribunal Superior una solicitud en la cual también se le pedía a la Corte Suprema de Justicia que ratifique la senencia en contra del militar.
PARTE CIVIL PIDE RATIFICAR CONDENA DE 30 AÑOS CONTRA CORONEL PLAZAS VEGA
En el escrito se pide rechazar los documentos presentados por la Procuraduría, con los que busca absolver al militar.
'Si a mí me dicen que murieron guerrilleros, eso es cierto' así el coronel Plazas Vega libró su responsabilidad en la desaparición de personas en el Palacio de Justicia. A lo largo de 130 páginas los abogados de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema que rechace la solicitud presentada en días anteriores por la Procuraduría General para que se absuelva al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.
De acuerdo con los juristas no deben tenerse en cuenta los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en los cuales se pone "un manto de duda" sobre los llamados testigos claves que presentaron su declaración en el proceso contra el excomandante de la Brigada XIII.
Señalan que se deben mantener los argumentos tenidos en cuenta en primera instancia por el juzgado tercero especializado de Bogotá y en segunda por la Sala Penal del Tribunal Superior en los que se acusa al militar de participar en la desaparición de 11 personas señaladas de colaborar con el M-19.
“La Procuraduría en este caso ha invocado pruebas que no son ciertas”, precisó Jorge Molano, quien defiende los intereses de los familiares de los desparecidos, señalando que genera muchas dudas la posición que ha adquirido el Ministerio Público en este caso.
En la solicitud se señala además que el alto tribunal debe rechazar el recurso de casación presentado hace unos días, precisando que se debe ratificar la condena de 30 años en contra del militar por el delito de desaparición forzada agravada.
Igualmente se solicita que se ratifique la sentencia del Tribunal en la que se hace expresa manifestación sobre la detrminación respecto a que las Fuerzas Militares deben pedir perdón público por los hechos registrados el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El pasado 17 de abril, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación presentó la demanda para que se absuelva al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega en el proceso en su contra por los desaparecidos del Palacio de Justicia, y cuya sentencia a 30 años de prisión fue confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el pasado 30 de enero.
Según el recurso jurídico presentado por el Ministerio Público, existen serias irregularidades en los testimonios y pruebas recolectadas durante el proceso contra el excomandante de la Escuela de Caballería que llevaron a que se le condenara por el delito de desaparición forzada por su participación en los hechos registrados el seis y siete de noviembre de 1985.
“El recurso extraordinario pretende que la Corte revoque la sentencia del Tribunal Superior, argumentado tres cargos: el principal, por violación indirecta de la ley sustancial al demostrarse errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, que de no haberse incurrido por el Tribunal en los diversos falsos juicios denunciados, habría direccionado un fallo absolutorio a favor del procesado”, precisa la Procuraduría General de la Nación.
En el caso de los testigos se señala que la Corte Suprema debe omitir las pruebas como las grabaciones e interceptaciones presentadas por la Fiscalía en el proceso puesto que fueron “erróneamente examinadas” y que llevaron a que se emitiera una decisión tergiversada sobre la participación del coronel Plazas en el proceso de rescate de los rehenes del Palacio de Justicia.
“Llevaron al juzgador a suponer un rol preponderante que él no tuvo como comandante de las operaciones, como para atribuirle indebidamente la calidad de autor mediato en aparatos organizados de poder sin acreditarse, además, la sistematicidad y automaticidad propia de la figura jurídica que le fuera deducida”, aclara el Ministerio Público.
Igualmente se indica que en las dos decisiones anteriores presentadas por el juzgado tercero especializado de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá tuvieron en cuenta los testimonios del cabo Edgar Villamizar Espinel, además de Tirso Armando Sáenz Acero y Cesar Augusto Sánchez los cuales, según la Procuraduría, “son testigos indirectos” por lo que no deben ser tenidos en cuenta.
En el recurso presentado ante el alto tribunal se señala además que se incurrió en una violación directa de la Ley sustancial por parte del Tribunal Superior puesto que se pronunció sobre aspectos que no fueron objeto de decisión en la primera instancia, como la imposición del acto público de perdón ordenado al Gobierno y al alto mando de la estructura militar para con la comunidad y las víctimas, entre otros.
De igual forma, se denunció la violación directa de la Ley por haber fallado parcialmente el Tribunal frente a 9 de los 11 desaparecidos ordenando continuar la investigación, “en lugar de haber absuelto al coronel, al no hallar acreditada la materialidad del delito como lo impone la normatividad vigente”.
Por último, el Ministerio Público señala en su escrito que excluida la prueba "que fue incorporada ilegalmente" y después de analizar de manera correcta todos los elementos procesales presentados durante el juicio se debe casar la sentencia y consecuentemente absolver al coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
MAGISTRADOS NO HACEN PARTE DE INCONSISTENCIAS DENUNCIADAS POR FISCALÍA
Por medio de un escueto comunicado dado a conocer tras la denuncia formulada por el fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, la Sala Disciplinaria del Consejo superior de la Judicatura aclaró que ninguno de los magistrados que hacen parte de la corporación estuvieron comprometidos en las inconsistencias denunciadas por el ente acusador a la par de exigir la salvaguarda, autonomía e independencia de la Rama Judicial que a su juicio ha sido objeto de una campaña de estigmatización y desprestigio.
“Dentro de la información allegada a la Sala se encontraron inconsistencias producto de la omisión secretarial en inclusión de algunos nombres cuando se elaboraron y redactaron las actas de nombramientos de funcionarios seccionales, dichas actuaciones son objeto de una indagación disciplinaria dentro de la misma Corporación”, precisó el comunicado.
Según la carta firmada por el presidente de la Sala Disciplinaria, Angelino Lizcano, las actuaciones corresponden “a hechos administrativos completamente ajenos a las funciones de los Magistrados de la Sala y de total responsabilidad de la Secretaría General”.
Ante esto señaló que el alto tribunal presentaran todas las aclaraciones que se consideren pertinentes ante las autoridades competentes, “en aras de salvaguardar la autonomía e independencia de la justicia, la cual ha venido siendo estigmatizada para desprestigiar la labor jurisdiccional que venimos cumpliendo dentro del marco de la Ley”.
EL NUEVO SIGLO
NUEVO ESQUEMA DE LAS REGALÍAS
Con la exequibilidad de la Sala Plena de la Corte Constitucional, la reforma constitucional al sistema general de regalías quedó en firme.
La Corte rechazó una demanda en el que se consideraba que se había omitido la consulta previa a las comunidades indígenas por lo cual la iniciativa se debía declarar inexequible. Los magistrados sostuvieron que esa consulta no debe hacerse en la esta etapa preliminar sino en la fase de reglamentación, lo cual se está adelantando en el Congreso.
Igualmente se señaló que la consulta no es obligatoria cuando se desarrolla el acto administrativo, solamente cuando se va a ejecutar la ley.
La Corporaciónse declaró inhibida en el tema de la sustitución de la Constitución al considerar que se estructuró de manera indebida.
Igualmente consideró que no se presentó ninguna irregularidad en el hecho de los ministros de Hacienda y Minas presentaran el acto administrativo y no el presidente de la República en propiedad.
En este sentido consideró que la firma del jefe de Estado no era necesaria puesto que los ministros hacen parte del Ejecutivo y representan al primer mandatario.
1) Manejo de recursos
Con la reglamentación de la ley de regalías, se ha dado un paso trascendental en el manejo de los recursos provenientes de las explotaciones mineras y de hidrocarburos. Para este año, según el Gobierno, se tienen 9.1 billones de pesos procedentes de las regalías. Antes de la reforma el 80 por ciento de los recursos iban para los municipios productores y ahora el 80 por ciento va para el resto del país y el 20 por ciento para los productores. Otro cambio y es que se va a ahorrar el 40 por ciento de los recursos para el futuro. El Gobierno ha dicho que se van a asignar los dineros con criterios de equidad, “para agilizar los procesos de homogenización y convergencia de todos los municipios”.
2) Los proyectos
Todas las decisiones sobre los proyectos a desarrollar con los recursos de las regalías se tomarán en comités, para que haya más trasparencia y democracia. La instancia que tomará las decisiones es un consejo que tendrá la capacidad de evaluar los proyectos y tomar decisiones. Este estará conformado por representantes del gobierno nacional, departamental y municipal. Incluso cerca de 200 proyectos podrían ser cofinanciados con recursos de las regalías. Los fondos de compensación regional, desarrollo regional y el de ciencia y tecnología podrán comenzar a aprobar estos proyectos teniendo en cuenta que van a manejar más de 3 billones de pesos.
Además, los departamentos y municipios tendrán que presentar los proyectos, que deberán cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
3) Reglamentación
La norma va a permitir que los municipios y departamentos de Colombia comiencen a recibir los recursos provenientes de las regalías y cuyo estimativo para este año es de 9.2 billones de pesos. La reglamentación establece la distribución de los recursos por departamentos y municipios. Uno de los cambios que presenta la conciliación en Senado y Cámara es la asignación del 10 por ciento, es decir 130 mil millones de pesos, para la financiación de obras en 334 municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría. La segunda modificación hace referencia al incremento en los recursos para el funcionamiento, que pasa del 1.3 al 2 por ciento, equivalente a 180 mil millones de pesos.
4) El ahorro
La reglamentación de las regalías establece la puesta en marcha de los fondos de ahorro, pensional, ciencia y tecnología, fondo de desarrollo regional y de compensación regional. Ahora se pondrá en marcha el organismo colegiado de administración y decisión que tendrá la responsabilidad de avalar los proyectos de los municipios que deben estar acorde con los planes locales o departamentales. Sin embargo, las entidades regionales deberán administrar los recursos basados en que se debe ahorrar una parte para proyectos sociales como educación y salud que son primordiales para la población. Esta es una condición que establece la reforma de las regalías, que además deberá tener un manejo transparente, que será avalado por las entidades de control.
5) Apoyo en proyectos
Técnicos expertos de Planeación Nacional servirán de enlaces con las gobernaciones para apoyarlos en la formulación de proyectos. Para el Gobierno se trata de una manera de cambiar la manera de hacer política pública en Colombia. Esos enlaces apoyarán y asesorarán a los departamentos en la formulación de proyectos para el Sistema General de Regalías, pero también para los otros instrumentos como el Presupuesto General de la Nación. El objetivo del trabajo de los Técnicos del DNP con las gobernaciones es realizar, a través de un trabajo armónico con las regiones, proyectos en beneficio de la gente, que busquen prosperidad, desarrollo y competitividad, como las iniciativas relacionadas con la niñez, la inclusión digital, infraestructura y educación
6) Los órganos colegiados
No habrá Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) departamentales en los municipios para las inversiones que se vayan a realizar con cargo al Fondo de Compensación Regional (FCR). Los proyectos necesariamente irán al OCAD municipal. Los Triángulos de Buen Gobierno (Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD), que hacen parte del nuevo Sistema General de Regalías, son mecanismos muy fuertes para fiscalizar los recursos y para priorizar proyectos de gran impacto en el país. El presupuesto será bianual y lo aprobará el Congreso de la República y será construido teniendo como base ejercicios de planeación regional. Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD definen en cabeza de quién queda el proyecto (el ejecutor).
7) Funciones de los OCAD
Entre las funciones de los OCAD está que evalúan, priorizan, viabilizan y definen conveniencia y oportunidad de los proyectos. Además, aprueban inversión en estudios y diseños, y proyectos para inicio contratación, así como designan en cabeza de quién queda proyecto para su ejecución. Asimismo, los órganos deberán proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana, convocar a los miembros del OCAD, llevar la relatoría y elaborar las actas de las sesiones, que serán ejercidas por las secretarías de Planeación o por quien de manera conjunta se designe para el efecto, en los FDR, FCR y Asignaciones Directas, así como la presencia de Colciencias en el FCTI. De este modo habrá un mayor control a los recursos provenientes de las regalías.
8) Principales cambios
Los recursos serán distribuidos a todo el país, a través de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional y de Compensación Regional, de Ahorro y Estabilización y FONPET y se mantendrán las asignaciones directas. Todos los recursos del SGR financiaran proyectos de inversión aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión –OCAD. Se creó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, administrado por el DNP. La interventoría que se ejerza será administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica contratada por la E.T. según el Estatuto Anticorrupción. La inversión se definirá en los “Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD”. Se financiarán principalmente proyectos de impacto regional (más de un departamento o municipio.). Habrá inversión hasta un 40% para proyectos de impacto local.
9) Listas partidas
El Gobierno dice que en términos de regalías directas ya se tienen más de medio billón de pesos colocados en las regiones. Con la aprobación de la reforma los fondos de Compensación Regional y los de Desarrollo Regional, así como el de Ciencia y Tecnología pueden empezar a aprobar proyectos. Estos fondos tienen recursos por cerca de tres billones de pesos, que serían los que se podrían empezar a convertir en proyectos que deberán ser de impacto regional y que sean de gran magnitud. Los proyectos que se aprueben para los temas de regalías tienen que estar en concordancia con los planes de desarrollo departamental, local y municipal. Los proyectos que no estén en los planes de desarrollo, no son buenos candidatos para ser financiados por regalías.
10) Funcionamiento del Estado
Para el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri el nuevo Sistema General de Regalías va mucho más allá de un cambio en el manejo de dichos recursos. “Se trata de una nueva forma de funcionar el estado colombiano”, pues el Gobierno se reunirá con todos los gobernadores del país para trabajar en la optima ejecución de los recursos. “Adicionalmente, le hemos dicho a los gobernadores, en compañía del Director de Planeación Nacional, que tengan en cuenta que los recursos del Presupuesto General de la Nación también se ejecutan en todo el país. Y en ese sentido, hemos hecho un trabajo mancomunado para que tanto Regalías como el Presupuesto General se ejecuten de manera coordinada para beneficio de todos los colombianos” señaló.
11) El manejo antiguo
El Director del Departamento Nacional de Planeación, Mauricio Santa María, dijo que los Triángulos de Buen Gobierno (Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD), que hacen parte del nuevo Sistema General de Regalías, son mecanismos muy fuertes para fiscalizar los recursos y para priorizar proyectos de gran impacto en el país. Aseguró que con el nuevo Sistema de Regalías habrá mejor ejecución de los recursos. Recordó que con el antiguo sistema “se invirtieron cerca de 45 billones de pesos en los pasados 17 años, pero estuvieron concentrados en muy pocas regiones, y en algunas de ellas no se vio ningún tipo de avance”. Para ello el DNP ya está trabajando en la capacitación en municipios y departamentos.
Reglamentación espera sanción presidencial
La reglamentación del acto legislativo avalado ayer por la Corte Constitucional espera ser sancionado por el presidente Juan Manuel Santos tras ser aprobada la conciliación en Cámara y Senado en la noche del miércoles.
Ayer el ministro de Minas Mauricio Cárdenas manifestó que con esa reglamentación se ha dado un paso trascendental en el manejo de estos recursos.
“Nunca se habían tenido tantos recursos, para este año son 9.1 billones de pesos procedentes de las regalías y era necesario un cambio. Antes, el 80 por ciento de los recursos iban para los municipios productores y ahora el 80 por ciento va par
Señaló que con la reglamentación va a haber otro cambio y es que se va a ahorrar el 40 por ciento de los recursos para el futuro.
Cárdenas dijo que se van a asignar los dineros con criterios de equidad, “para agilizar los procesos de homogenización y convergencia de todos los municipios”.
La conciliación de los textos aprobados en diciembre pasó el examen del Congreso.
En Senado obtuvo 75 votos a favor y 12 en contra. En la Cámara el resultado de la votación fue 87 por el sí y 11 por el no.
El ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry dijo que la conciliación aprobada es importante porque reparte los recursos, que para este año serían 9,1 billones de pesos, de las cuales 3 billones serían regalías directas.
De acuerdo con Echeverry, la reglamentación va a permitir que los dineros puedan fluir de una forma más rápida a cada uno de los municipios del país
El ministro Echeverry hizo insistentes llamados un llamado grupos políticos que integran la Unidad Nacional para que apoyarán la iniciativa que permitiría “llevarle regalías a todos los municipios del país, sin excepción alguna. Bien sea específica para que hagan proyectos municipales, bien sea para pagar sus pensiones o bien sea directas”.
Recordó el Ministro de Hacienda que el acuerdo al que se llegó para conciliar las regalías va a llevar recursos a todos los colombianos y “se va a repartir la mermelada en toda la tostada nacional”.
Al término del debate, el director de Planeación Nacional Mauricio Santamaría manifestó que se encuentran listos cerca de 200 proyectos para ser cofinanciados con estos recursos y añadió que a través de los diferentes fondos se tienen 3 billones de pesos para cumplir con las necesidades de los municipios pobres de Colombia.
EL NUIEVO SIGLO
COMISIÓN DE ACUSACIÓN DE LA CÁMARA SERÁ ANULADA
Las salas disciplinarias y administrativa del Consejo Superior de la Judicatura también correrán la misma suerte, según lo anunciaron el Gobierno y las Cortes.
La medida es uno de los cambios que se le hará al proyecto de reforma a la Justicia, ya que se despojará al Congreso de sus funciones judiciales.
Igualmente, se pedirá que se elimine el Consejo Superior de la Judicatura, ambas de sus salas, y en su lugar serán creados dos consejos que cumplirán con las funciones de estas de forma autónoma.
“La creación del Consejo Superior de Administración, el cual será el encargado de diseñar las políticas de administración de justicia y de administrar autónomamente la rama”, manifestó Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia y del Derecho.
REVISTA SEMANA
GOBIERNO, CONGRESO Y CORTES ACUERDAN ELIMINAR EL C. SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Gobierno, Cortes y Congreso examinan conjuntamente el texto de Reforma Constitucional a la Justicia.
Sin embargo, será la plenaria del Senado la que decida, en sexto debate, si mantiene o no esta corporación. La ponencia de la reforma a la justicia eliminará la sala administrativa y la sala disciplinaria.
Un acuerdo entre poderes fue suscrito en la noche de este jueves en torno a la reforma a la Justicia. La ponencia para el sexto debate eliminará el Consejo Superior de la Judicatura, tanto su sala disciplinaria como su sala administrativa.
Tal acuerdo fue suscrito por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra; los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Gómez y Javier Zapata; y los senadores ponentes del proyecto.
Y lo suscribieron horas después de que el fiscal general, Eduardo Montealegre, adelantara una investigación que comprometería a magistrados de la Sala Disciplinaria en presunta falsificación de actas para nombrar a magistrados.
Algunos ponentes, como el senador Eduardo Enríquez Maya, calificó de determinante la denuncia que hizo el fiscal en la Casa de Nariño, donde el presidente Juan Manuel Santos convocó a los presidentes del poder legislativo y del judicial, con el propósito de conseguir un acuerdo en torno a la reforma a la justicia.
Y según el acuerdo suscrito en la sala de juntas del Ministerio de Justicia, las funciones del Consejo Superior de la Judicatura serán suplidas por dos nuevas instituciones: el Consejo Nacional de Administración Judicial, que será el encargado de "diseñar políticas generales de la administración autónoma de la Justicia".
La otra institución será el Consejo de Disciplina Judicial, que a diferencia de la actual sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, esta nueva corporación tendrá origen en las propias cortes. Es decir, estos magistrados que disciplinarán a la rama no volverían a ser elegidos por el Congreso.
Este Consejo se encargará de la investigación y juzgamiento en materia disciplinaria de los magistrados de tribunal, jueces, empleados judiciales, fiscales, auxiliares de la justicia, abogados, y todo aquel que ejerza función jurisdiccional.
Los representantes de los tres poderes públicos también reafirmaron el acuerdo para despojar de funciones al Congreso, es decir, eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
También se acordó que los congresistas tendrán doble instancia, pero la investigación y el juicio de sus procesos tendrán jurisdicción en la Corte Suprema de Justicia.
FISCALÍA PIDE A CORTE SUPREMA NO ACEPTAR CASACIÓN EN CASO PLAZAS VEGA
La Fiscalia presentó un escrito en el que pide inadmitir los recursos presentados por la Procuraduría y la defensa del general retirado, condenado a 30 años de prisión.
La fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucía Zamora, pidió al alto tribunal desestimar e inadmitir, respectivamente, sendas demandas casación interpuestas por la defensa y la Procuraduría frente a la confirmación del fallo de culpabilidad que pesa sobre el coronel retirado Alfonso Plazas Vega por hechos derivados del holocausto del Palacio de Justicia.
El exoficial fue condenado a 30 años por Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado el 9 de junio de 2010, pena confirmada en instancia posterior por el la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de enero pasado.
Esa última determinación judicial fue objeto de demanda de casación por parte la Procuraduría y de la defensa, que de lograrse abriría una vía para recurrir el fallo de culpabilidad en contra del coronel en retiro como autor mediato de la desaparición forzada de dos personas.
Entre los cargos que sustentan la demanda de la defensa, se invocó la violación a los principios de juez natural, de juez imparcial, de legalidad y al derecho de defensa, entre otros.
Tanto la defensor como Ministerio Público atacaron el testimonio del cabo Édgar Villamizar Espinel, desde aspectos como la identificación misma del testigo hasta la veracidad de su declaración.
Como cuestión final, la fiscal delegada hace énfasis en que Villamizar no fue suplantado en ningún momento "dado que las tomas manuscriturales tomadas por miembros del CTI, permiten concluir que es la misma persona que rindió testimonio el 1o. de agosto de 2007 en la Escuela de Caballería".
El Tribunal Superior de Bogotá estableció que la decisión en contra del coronel Plazas Vega que corresponde a sólo dos de los llamados desaparecidos del Palacio de Justicia, la exguerrillera Irma Franco y el entonces administrador de la cafetería de la sede judicial, Carlos Augusto Rodríguez.
En cuanto a las otras nueve personas de las que se desconoce su paradero y que no hacen parte de la condena, se determinó que la investigación no reunió los requisitos de seriedad e integralidad.
Por ello se dispuso la nulidad para que se recolecte más evidencia y se establezca si realmente están desaparecidas o sus cuerpos reposan entre los cadáveres hallados y evacuados del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
CMI
FISCALÍA INVESTIGA SI JUDICATURA FALSIFICÓ ACTAS PARA POSESIÓN DE MAGISTRADOS
Un nuevo escándalo ronda al Consejo Superior de la Judicatura. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció que investiga una denuncia sobre la aparente falsificación de actas en la Judicatura y advirtió que enviará las pruebas recopiladas a la Comisión de Acusaciones.
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció que investigan una denuncia sobre la aparente falsificación de actas en el Consejo Superior de la Judicatura y explicó que enviarán las pruebas recopiladas a la Comisión de Acusaciones.
El jefe del organismo investigador explicó que la denuncia, interpuesta por un alto dignatario del Consejo Superior de las Judicatura, señala cómo al interior de la corporación se habrían nombrado magistrados auxiliares y funcionarios de manera irregular.
La Fiscalía ya empezó a recolectar pruebas en el Consejo Superior de la Judicatura sobre la denuncia.
El fiscal dijo que en el informe que recibió del organismo, se habla de irregularidades en seis casos.
SERÍA UN DELITO INADMISIBLE EL NOMBRAMIENTO IRREGULAR DE MAGISTRADOS»: MININTERIOR
Sorprendido se declaró el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, por las presuntas irregularidades en actas de nombramiento de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, reveladas hoy por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre.
“No quiero calificarlo, pero me sorprende mucho que si eso resulta probado, se estén falsificando actas para hacer nombramientos y que las mismas terminen suscritas por los propios magistrados. Eso es imperdonable. Si los presuntos hechos que el Fiscal advirtió, dentro de la investigación que se adelanta, terminan siendo ciertos estaremos frente a una situación que no tiene soporte legal, frente a la comisión de unos delitos inadmisibles”, afirmó Vargas Lleras.
El jefe de la Cartera Política reiteró el total respeto del Gobierno Nacional por las investigaciones y decisiones judiciales.
Las denuncias del Fiscal General de la Nación se dieron a conocer al término de una reunión sobre la Reforma Constitucional a la Justicia en la Casa de Nariño.
CARACOL RADIO
LA RAMA JUDICIAL TENÍA CUATRO CORTES, AHORA TIENE TRES:
MAGISTRADO GUSTAVO GÓMEZ
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, confía en que el acuerdo logrado entre las altas Cortes y el Gobierno Nacional para eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusación sea un hecho transcendental.
Dijo que ahora será el Congreso de la República quien tiene la responsabilidad de avalar o no el acuerdo logrado en las últimas horas y ahora tendrá que honrar ese acuerdo logrado.
Manifestó que cada uno de los poderes debe tener un grado de responsabilidad y “esperamos que el Congreso funcione, porque ya los otros poderes, el Ejecutivo y el Judicial, precisaron los elementos mediante los cuales caminamos todos hacia una reforma a la justicia”.
Gómez agregó que si el acuerdo no se honra, el que falla será Congreso de la República, quien tendrá que responder.
“La encrucijada en verdad es muy seria, de carácter político, de frente y de cara al país”, subrayó el magistrado.
Añadió que la parte administrativa de la rama se deja en manos de tres codirectores, un gerente y un Consejo de Administración de Justicia, en donde tienen asiento para definir políticas generales los tres presidentes de las Cortes, un delegado de los empleados y un funcionario del poder judicial.
El presidente de Consejo de Estado afirmó que de esta forma se garantiza el funcionamiento administrativo de la rama judicial.
Comentó que en la parte disciplinaria, es un organismo de control de los funcionarios y empleados de la justicia y para definir los conflictos de competencia se genera un Tribunal Disciplinario que tiene origen en las Cortes.
“Esto le da al país una rama autónoma, independencia, y esto genera seguridad jurídica, seriedad para el país en sus compromisos y un orden jurídico que brilla como el que mas en el concierto latinoamericano”, dijo.
Gómez Aranguren dijo que la falsificación de actas en el Consejo Superior de la Judicatura es la tapa de la olla y aclaró que el acuerdo que se logró ayer enmienda la plana y permite tener una justicia autónoma y con seguridad jurídica.
Finalmente señaló que los funcionarios de las altas cortes deben tener control, que un ciudadano pueda dirigirse a las cámaras legislativas y allí establecer los hechos y que las cámaras examinen el comportamiento de los magistrados.
Destacó que se le da una independencia de la rama judicial en el aspecto disciplinario y administrativo.